Responsabilidad_administrativa_CAE

El incumplimiento de las obligaciones que establece la normativa en prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de actividades empresariales lleva aparejadas responsabilidades en varios ámbitos.

En este artículo nos vamos a centrar en comentar la responsabilidad de carácter administrativa en materia de coordinación de actividades empresariales, dejando de lado otros como la responsabilidad civil, la responsabilidad por recargo de prestaciones de la seguridad social y la responsabilidad penal.

Este incumplimiento lleva aparejado sanciones que vienen recogidas en el Real Decreto Legislativo 5/2000 de infracciones y sanciones en el orden social en concreto en sus  artículos 12 y 13.

Con carácter genérico establece que será sancionable que por parte de los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo no se adopten las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección  prevención de riesgos laborales.  El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores autónomos que concurran en el centro de trabajo independientemente que exista entre ellos relación jurídica y consistirá en informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro. Por tanto, en caso de incumplimiento cualquier de las empresas concurrentes en el centro  de trabajo podrá ser sancionada. Este incumplimiento se verá agravado en caso de que alguna de las empresas concurrentes desarrolla una actividad considerada como peligrosa o con riesgos especiales.

La norma también considera que será objeto de sanción el incumplimiento por parte del empresario titular del centro de trabajo de las medidas necesarias para garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia, en la forma y con el contenido establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales.

Además de los supuestos anteriores recogidos con carácter general para todas las empresas la normativa recoge supuestos especiales referidos al sector de la construcción por incumplimiento de disposiciones recogidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y en la Ley 32/2006 reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción.

Se establecen sanciones por incumplimiento de las obligaciones correspondientes al PROMOTOR, y en concreto, por no adoptar las medidas necesarias para garantizar, en la forma y con el alcance y contenido previstos en la normativa de prevención, que los empresarios que desarrollan actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia.

Dentro del marco de la Ley Reguladora de la subcontratación serán objeto de sanción los siguientes incumplimientos por parte del SUBCONTRATISTA:

  • No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación.
  • Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente.

La misma norma establece como incumplimientos por parte del CONTRATISTA, los siguientes:

  • No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido, o no hacerlo en los términos establecidos reglamentariamente.
  • Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan empresas subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente.

Las infracciones administrativas tendrán como consecuencia sanciones monetarias que tendrán distinta cuantía dependiendo de la calificación de las sanciones que podrán ser graves o muy graves si el incumplimiento lleva aparejado riesgos adicionales para los trabajadores por tratarse de actividades especialmente peligrosas.

Sanciones que cuyo monto económico es importante, pudiendo ir desde los 2.046 euros las calificadas como graves en su grado mínimo a 819.780 € las consideradas como graves en su grado máximo.

Es importante recordar que en materia de responsabilidades y en materia de prevención de riesgos laborales, la empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.

Es decir, que si contratamos a una empresa para desarrollar trabajos de nuestra propia actividad en nuestro propio centro de trabajo, seremos responsables de los incumplimientos que esa empresa realice en materia de prevención de riesgos laborales , aunque aquella cumpla con todas sus obligaciones, de acuerdo con la obligación de vigilancia que viene recogida en el artículo 10 del Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de  la Ley 31/1995, de coordinación de actividades empresariales.

La Inspección de trabajo en su actuación inspectora hace especial hincapié en que se cumpla la normativa preventiva en materia de coordinación de actividades empresariales, sancionando los incumplimientos. Para ello no es necesario que se produzca ningún accidente ni daños para la salud de los trabajadores, el mero hecho de incumplir las obligaciones recogidas en este artículo es suficiente para ser sancionado, ya que el objetivo final de la coordinación de actividades empresariales es salvaguardar el derecho a la integridad física y a la salud que tienen todos los trabajadores.

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