Frontón dorico con lectura

El incumplimiento de obligaciones de coordinación de actividades empresariales, CAE,  puede dar lugar a diversas consecuencias en función del tipo de incumplimiento. Los Ayuntamientos pueden incurrir en responsabilidades de orden social, administrativo o incluso penal.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a los ayuntamientos les costó adaptarse a la necesidad de cumplir con la misma. Se han ido adaptando de forma paulatina. A diferencia de otros sectores, tardaron muchos años en conseguir un cumplimiento adecuado a nivel general de la misma.

En el año 2004 se aprobó el RD 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la ley 31/95. La gran mayoría de los ayuntamientos, apenas realizan las tareas de coordinación necesarias para cumplir con la norma.

 

SITUACIÓN ACTUAL

Tanto si el ayuntamiento cuenta con un servicio de prevención propio, como si se encuentra externalizado, éste se ocupa de realizar la prevención de riesgos laborales para los empleados. Pero no controlan las contrataciones de los distintos servicios del mismo. La externalización es una de las principales causas por las que no se hace CAE. Se considera, erróneamente, que tienen el tema de las subcontrataciones cubierto. Generalmente estas contrataciones se realizan desde los distintos departamentos o desde un servicio dedicado. Es el servicio quien se encarga de cumplir con la normativa específica de contrataciones para el sector público. El problema es que desde este servicio no se tienen en cuenta las responsabilidades del ayuntamiento en materia de PRL. Bien por desconocimiento, o por falta de medios para el control del cumplimiento de las normas por parte de las contratas o proveedores.

Los servicios de prevención de ayuntamientos no suelen contar con medios para poder conocer las empresas contratadas. Tampoco de los servicios que van a ofrecer al ayuntamiento. Así como los riesgos que aportarán las mismas en los distintos centros de trabajo de los que los consistorios son responsables.

infografia alegórica ayuntamientos Vs CAE

CONCLUSIONES:

  1. Las AAPP y Ayuntamientos tienen las mismas obligaciones que el sector privado en PRL. Solo existen  algunas salvedades de organización y medios.
  2. La normativa sobre CAE, marca una serie de obligaciones para cualquier empresa (incluido el sector público) cuando en sus centros de trabajo concurren trabajadores de distintas empresas.
  3. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en responsabilidades de orden social, administrativo o incluso penal.
  4. Una adecuada CAE, conseguirá evitar incumplimientos. Prevenir accidentes por falta de control de las tareas realizadas en los centros de trabajo por parte de los trabajadores de las contratas.

EN QUÉ PUEDE AYUDAR e-coordina A CAMBIAR ESTA SITUACIÓN

e-coordina permite:

  1. Realizar una configuración de la plataforma específica. Con aquellos requerimientos documentales necesarios por parte del ayuntamiento a las distintas empresas.
  2. Controlar el cumplimiento de dichos requerimientos por parte de los distintos proveedores o contratas del ayuntamiento.
  3. Visualizar de una manera muy sencilla cuando una empresa es cumplidora y cuando no está realizando la coordinación de actividades empresariales.
  4. Gestionar los distintos espacios en los que se quiere hacer coordinación, realizando una organización de los mismos dentro de la plataforma que permita una gestión eficaz del trabajo de coordinación.
  5. Crear usuarios pertenecientes a los distintos departamentos del ayuntamiento que permita que cada uno de ellos puedan controlar aquella información necesaria, desde el alta empresas, hasta la gestión documental.
  6. Crear un apartado de homologación de proveedores que simplifique el trabajo y permita el conocimiento previo de las empresas que cumplen con los requerimientos del ayuntamiento anteriormente a la contratación de las mismas, así como el control de la documentación requerida en las distintas licitaciones del consistorio.

Todo esto permite a la administración local asegurarse que contará con toda la información necesaria para poder asegurar una adecuada gestión de la información de todos los actores que participan de la CAE. También podrá justificar la misma ante posibles inspecciones de trabajo o auditorías.

 

NORMATIVA

El art. 24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollado por el RD 171/2004, de 30 de enero, establece obligaciones de CAE en materia de PRL.
El art. 9 del RD 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de PRL a la Administración General del Estado, indica que las citadas obligaciones de CAE se establecen para situaciones de concurrencia de varias empresas, y, en su caso, trabajadores autónomos, en un mismo centro de trabajo. Obligaciones que igualmente se aplican en los supuestos en los que concurre una o más Administraciones Públicas con otras empresas y trabajadores autónomos en un mismo centro.
La finalidad que se persigue es la de proteger la seguridad y salud de los trabajadores y empleados públicos.  Pues bien, el art. 24 de la LPRL regula una serie de supuestos en los que se produce esa situación de concurrencia:
  1. En un mismo centro de trabajo empleados de una Administración pueden prestar servicios junto a trabajadores de otras empresas. Lo importante en este supuesto es el hecho de que lo hagan en un mismo espacio físico. Al margen de las relaciones que puedan existir entre las diferentes empresas y la Administración. En ese caso se contempla un deber recíproco de cooperación e información sobre los riesgos derivados de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo y que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas que concurran.La información que cada empresario y la Administración Pública debe proporcionar a sus empleados. Además, deben establecer medios de coordinación que sean precisos en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales. Todos estos deberes se extienden a los trabajadores autónomos que presten servicios en dicho centro de trabajo.
  2. Puede suceder que exista un empresario que sea titular del centro de trabajo,  en el que prestan servicios trabajadores de diferentes empresas (incluida la Administración Pública). Implica que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo y contrata una actividad distinta de la que desarrolla. En ese supuesto, la Administración titular del centro de trabajo, debe adoptar las medidas necesarias para que los empresarios que realizan actividades en dicho centro reciban información e instrucciones para que estos las trasladen a sus trabajadores. Cuando en el centro de trabajo presten servicios trabajadores autónomos, la Administración Pública, titular del mismo deberá proporcionarles la información y las instrucciones señaladas.
  3. Puede darse el caso de concurrencia en centros de la Administración Pública en los que esta actúa como empresario principal.  La Administración que contrata la realización de obras o servicios correspondientes a su propia actividad que se desarrollan en sus centros de trabajo, tiene el deber de vigilar que contratistas y subcontratistas cumplan la normativa en materia de PRL.
  4. En los supuestos de contratación y subcontratación, puede ocurrir que la Administración Pública actúe como empresario principal. Puede que los trabajadores de las contratas no presten servicios en los centros de trabajo de la citada Administración. Pero sí que utilicen maquinaria, equipos, productos, materias primas, o útiles proporcionados por aquella. En este caso, la Admon. cumplirá las obligaciones relativas a proporcionar la información para la correcta manipulación de esta maquinaria. Así los empresarios pueden cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores.
Algunas CCAA tienen regulación propia a este respecto. Se limitan a ampliar o especificar el procedimiento de actuación en cada uno de los supuestos descritos anteriormente.

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